El rol de las provincias en la licitación: los puntos que “miran” inversores en renovables

10-09-2017

A nivel general… ¿cómo imagina que se va a desarrollar la licitación de energía renovable, Ronda 2?

Veo una fuerte decisión política, no solo de las autoridades nacionales sino también de algunos gobiernos provinciales, orientada a captar la mayor cantidad de inversiones posibles en un sector que promete mucho dinamismo. Y cuando digo dinamismo, me refiero también a las leyes que promueven la energía distribuida, que posibilitará a algunos usuarios alcanzados por la obligación de abastecimiento de energías renovables de la Ley 27.191, a convertirse en autogeneradores, y la energía que no consuman la inyecten en la red. Si bien esta última posibilidad no tiene una incidencia directa en la licitación, es algo que deberá seguirse con atención a medida que las diferentes jurisdicciones vayan avanzando en esa dirección.

Debo decir que el anuncio realizado por el Ministro de energía y Minería, respecto a que se habían vendido más de 70 pliegos, me sorprende con agrado, teniendo en cuenta que la adjudicación será por regiones y con las limitaciones conocidas en el servicio de transporte de energía eléctrica. Los precios máximos por tecnología y por región, parecen no haber sido un escollo para los inversores, a pesar que a priori parecían relativamente bajos. Es cierto que el precio de la tecnología ha ido bajando, pero no hay que descuidar los costos de financiamiento y los interrogantes impositivos, principalmente los vinculados con los impuestos locales. La verdad se develará el próximo 20 de Octubre, cuando sepamos cuantas ofertas se han presentado y para qué puntos de inyección.

¿Cuáles provincias adhirieron a la ley de energías renovables 27.191?

Poco más de la mitad de las jurisdicciones provinciales han adherido a la ley 27.191. Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Salta, San Juan, Tucumán, Río Negro y Santa Cruz.

Salvo la Ciudad de Buenos Aires, que por una cuestión de superficie y de ubicación geográfica está bastante limitada para recibir inversiones en renovables –inclusive sería imposible generar a partir de biogás de relleno sanitario por regulaciones locales- las restantes por diversos motivos no lo han hecho.

Sorprende el caso de provincias como San Luis, Mendoza y Neuquén. En el caso de ésta última, si bien a través de la Ley Provincial 2596 adhirió a la Ley 26.190, hasta el momento no hizo lo propio respecto de la 27.191, que si bien modifica a la anterior incorpora varios artículos y beneficios que facilitan las inversiones en renovables.

Legalmente…. ¿puede aplicar regalías una provincia que no reglamentó la ley de adhesión a las 27.191?

Más allá que una jurisdicción provincial hubiese o no adherido a los principios de la Ley 27.191, me parece de una irracionalidad absoluta pretender gravar con tasas, impuesto o cualquier otro tributo similar o pretender incluso cobrar regalías por la utilización del viento o de la radiación solar. Hay provincias que lo han pensado o intentado, pero hay que controlar la “voracidad” recaudatoria de algunas jurisdicciones.

A nadie podría ocurrírsele pensar que el viento o los rayos del sol son recursos de dominio originario de las provincias, como podrían ser los hidrocarburos.

No nos olvidemos además, que la Ley 15.336 que establece el régimen federal de la energía eléctrica, en su artículo 12 establece con claridad que las obras e instalaciones de generación, transformación y transmisión de la energía eléctrica de jurisdicción nacional y la energía generada o transportada en las mismas no pueden ser gravadas con impuestos y contribuciones, o sujetas a medidas de legislación local que restrinjan o dificulten su libre producción y circulación. Si bien en el momento en que se sancionó esta ley la energía generada a partir de fuentes renovables no tenía el desarrollo actual, el concepto de generación de energía es el mismo.

En el caso de las regalías hidroeléctricas, las mismas han sido expresamente previstas en la ley antes mencionada. Además, pensemos que en última instancia, el inversor trasladará el costo de dicho impuesto al usuario, lo que en definitiva se traduce en un mayor precio.

¿Cómo impactaría la aplicación de ingresos brutos y otros tributos en la rentabilidad de un proyecto?

Una cuestión respecto de la cual los inversores en energías renovables deben tener especial atención, es el vinculado con los aspectos impositivos; y en especial el tema del impuesto a los ingresos brutos. Como decíamos anteriormente, existe una exención genérica prevista en la Ley 15.336. Inclusive hay fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referidos al alcance del referido gravamen cuando la energía era vendida en el mercado spot.

Pero deberá hacerse un análisis exhaustivo y jurisdicción por jurisdicción con relación al impuesto a los ingresos brutos. Eso puede resultar decisivo a la hora de definir el precio.

¿Qué otros aspectos legales preocupan a los inversores?

Además de los aspectos impositivos y los vinculados con el compre nacional, diría que hoy por hoy la cuestión que está generando mayor incertidumbre son los pazos de los contratos. Si bien en las licitaciones que convoca CAMMESA por instrucciones del Ministerio de Energía los plazos son a 20 años, el mercado a término de las energías renovables pareciera tener un techo de cinco, que es el período para volver a ingresar, cuando se sale del esquema de compras conjuntas con CAMMESA.

¿Cómo evolucionará la firma de contratos a término entre generadores y grandes usuarios?

Ha comenzado a escucharse información sobre la firma de algunos contratos entre productores y grandes consumidores con contratos a largo plazo. Pero la verdad es que no veo que en el corto plazo vaya a producirse una explosión en el mercado a término de energías renovables.

Si bien es cierto que hay algunos grupos multinacionales –y también otros locales- que por responsabilidad social empresaria, o por principios de cuidado del medio ambiente han recibido de sus casas matrices, o inclusive adoptado localmente, la decisión de volverse “verdes”, creo que las empresas adoptarán una decisión conservadora y preferirán el “wait and see”; es decir, durante los primeros años se quedarán en el sistema de compras conjuntas de CAMMESA y a medida que vayan viendo cómo es la fiscalización, cómo les impactan los cargos que le cobre CAMMESA, el desempeño de los generadores renovables, la aplicación de multas y en definitiva, el impacto que tenga el precio de la energía en su matriz de costos, optarán por salir del esquema de compras conjuntas para pasar al de contratos.

Quisiera estar equivocado en mi visión, pero no creo que antes de cinco años veamos una gran cantidad de empresas celebrando contratos con productores.

Autor
Gastón Fenés
Fuente
Energía Estratégica